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La Comisión insta a ESPAÑA a garantizar la libre circulación de los suplementos alimenticios

La Comisión insta a ESPAÑA a garantizar la libre circulación de los suplementos alimenticios

La Comisión Europea ha decidido remitir un dictamen motivado a España en el que le insta a eliminar las prácticas discriminatorias que afectan a la comercialización de los suplementos alimenticios.

Actualmente, para la notificación de complementos alimenticios es necesario abonar una tasa administrativa. Según donde se encuentre situada la empresa encargada de la notificación, la tasa varía.

Así, si la empresa se encuentra ubicada en España, se deberá presentar la notificación ante las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma donde tenga el domicilio social. Cada Comunidad Autónoma, como analizaron nuestros asesores de LegaleGo Nutrition en su artículo, establece su tasa que varía desde los 0.-€ en Asturias, 48 aprox. en Andalucía, 60.-€ aprox. en Madrid, etc.

Sin embargo, si la empresa no tiene ubicación en España (caso de importadores o de empresas europeas), deberán notificar el producto ante la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. La tasa que se debe abonar en este caso cuadriplica las tasas que exigen las Comunidades Autónomas al alcanzar la cuantía de 917.82€.

Esta cantidad es desproporcional y desorbitada no sólo porque excede en demasía sobre lo que se exige en cada Comunidad Autónoma, sino porque tampoco va acorde con lo que exigen en otros países de la Unión Europea. Así, si bien en Francia no se cobran tasas por la notificación, en Bélgica son 180.-€ y en Italia 200.-€ aprox.

Por este motivo, la Comisión Europea ha decidido remitir un dictamen motivado a España en el que le insta a eliminar las prácticas discriminatorias que afectan a la comercialización de los suplementos alimenticios. La Comisión considera que los requisitos españoles obstaculizan la libre circulación de mercancías (artículo 34 del TFUE), puesto que discriminan a las empresas con sede en otro país de la UE. España tiene ahora dos meses para notificar a la Comisión las medidas adoptadas para corregir la situación; de lo contrario, la Comisión puede decidir llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.